Decálogo para reformar el Sistema General de Seguridad Social Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Propuesta para el debate

Decálogo para reformar el Sistema General de Seguridad Social  Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Propuesta para el debate

Por: Juan Eduardo Guerrero Espinel

La Ley Estatutaria 1751 de 2015 [1], sancionada por el Presidente del Congreso de la República en seguimiento a los autos de la H. Corte Constitucional, marca un hito en la historia del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Hoy nos corresponde a todos los sectores unirnos para lograr que esta Ley haga parte activa del imaginario de nuestra sociedad y avancemos hacia la reforma estructural de nuestro sistema.

Esta Ley Estatutaria aprueba y orienta en forma resumida sobre:

I)              El Estado debe garantizar el derecho fundamental a la salud y abstenerse de medidas que lo afecten directamente o indirectamente. No menoscaba la acción de tutela.

II)            La Garantía a la igualdad de trato y oportunidades; como derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y colectivo. Acceso a las urgencias sin restricciones.

III)          La necesidad de lograr la coordinación y armonía entre los actores.

IV)           Las violaciones al derecho que se deben evitar y sancionar.

V)             La relevancia de mejorar la inspección, vigilancia y control.

VI)           El derecho fundamental a la salud compatible con las necesidades y la evolución de las condiciones de salud.

VII)         La búsqueda de un financiamiento sostenible del SGSSS y la sostenibilidad financiera no limita el derecho fundamental a la salud.

VIII)       La obligatoriedad de actuar con políticas públicas  sobre los determinantes sociales para el logro de la equidad en salud.

IX)           La integralidad de acciones de los actores del sector y otros para lograr resultados y una vida sana.

X)             Los derechos y deberes del ciudadano con relación a la prestación de servicios.

XI)           Protege la autonomía profesional.

XII)         Los procesos de participación y el diseño e implementación  de las políticas públicas para la salud, basados en la intersectorialidad.

XIII)       la solidaridad que conlleva al mutuo apoyo.

XIV)        La atención especial a las zonas marginadas y  la protección de la red  hospitalaria pública.

XV)          La intervención del mercado de medicamentos para regular los precios en todas las fases de producción, comercialización y consumo final.

La pregunta que surge:  ¿Esta Ley Estatutaria cómo cambia o cambiaría  la Ley 100 de 1993?

Esta propuesta intenta darle respuesta y  se centra en diez (10) ideas coherentes con la Ley Estatutaria 1751 de 2015 para contribuir al pensamiento y construcción de posibles artículos de Ley para su análisis en la coyuntura actual:

  1. Finalizar la era del pluralismo estructurado y de la competencia.  Crear unidad de gestión de recursos financieros con gestión descentralizada.
  2. Convertir las EPS (viables financieramente) en administradoras de recursos y gestores de riesgo sin ánimo de lucro con incentivos ligados a resultados territoriales en salud.
  3. Renovar la autoridad sanitaria descentralizada.
  4. Revisar las normas de habilitación de nivel básicopara mejorar su capacidad resolutiva.
  5. Usar los recursos de la UPC y de salud pública en forma integrada y colaborativa, ligada a los resultados del PDSP 2012-2021.
  6. Incentivar los Consejos Territoriales de Saludpara la construcción de acuerdos  y consensos entre actores .
  7. Renovar la capacidad del SGSSS a través de los Observatorios territoriales de salud
  8. Avanzar en la acción coordinada de todos los organismos de inspección y vigilancia a nivel territorial.
  9. Incentivar en las universidades cambios sustanciales de los programas académicos de las áreas afines a ciencias de la salud, para lograr mayor capacidad resolutiva de los egresados.
  10. Propiciar la apertura de centros de formación y de práctica comunitaria ligadas a los resultados del PDSP 2012-2021.

Estas ideas están  unidas al cambio de: un sistema basado en el negocio de la salud a otro que propicie la garantía del derecho y el bien común; del principio de la competencia al ejercicio de  la coordinación y cooperación; del centralismo al reconocimiento de la autoridad sanitaria territorial para coadyuvar en el proceso de gestión territorial del SGSSS;  el cambio en los procesos de formación del talento humano para lograr un equilibrio entre el ejercicio clínico del proceso salud-enfermedad y el reconocimiento y acción para actuar en una salud comprometida con las políticas públicas ligadas a la calidad de vida, entornos saludables y los procesos participativos con organizaciones sociales y ciudadanas.

Propuesta de artículos. Decálogo para un nuevo SGSSS:

Art 61.  Se crea una Unidad de Gestión  de Recursos de Salud Pública y Aseguramiento en Salud, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. Esta tendrá asignación y ejecución descentralizada de la UPC modificada por criterios epidemiológicos y otros en cada Departamento. Esta Unidad inicia su funcionamiento a partir de la vigencia de esta Ley y el proceso de descentralización inicia a partir del 1 de enero de 2016. El pasivo del SGSSS hasta el 31 de diciembre de 2015 será responsabilidad de las actuales EPS que deberán responder con su patrimonio, del FOSYGA y de las IPS que deberán entrar a definir en mesas de conciliación el monto y el pago de las deudas acumulados por el actual SGSSS.

Art 62.  Las EPS deberán transformarse en Administradoras de Recursos del SGSS (AR-SSS) sin ánimo de lucro y recibirán una cuota de administración e incentivos financieros en función de su aporte al cumplimiento de las metas de salud pública fijadas en los planes territoriales. Estas AR-SSS serán escogidas a través de procesos licitatorios aprobadas por la autoridad nacional, departamental y/o municipal, según el caso. Estas administradoras en lo posible deberán vincular como socios a profesionales de la salud, entes públicos departamentales y municipales, asociaciones de usuarios y de profesionales de la salud para incentivar el sentido de pertenencia, misión y valores del bien común, la cooperación  y la solidaridad. Se busca que los excedentes se reviertan en educación continua del  talento humano, en la modernización tecnológica, en la garantía de calidad y en el aporte a los resultados en salud pública. El número mínimo de afiliados para cada empresa administradora será de 480.000 ciudadanos para los Departamentos entre 480.000 mil y 1.000.000 millón y ciudadanos. De ahí en adelante, se buscará administradores como mínimo de un (1) millón de ciudadanos. Los Departamentos menores de 480.000 mil habitantes tendrán un régimen especial de subsidio a la oferta y serán interconectados a AR-SSS de Departamentos vecinos con mayor capacidad resolutiva a través de convenios de cooperación. Las AR-SSS tendrán funciones de gestión de riesgo individual, concurren con recursos para las acciones territoriales del nivel básico de atención y de salud pública y revisaran a posteriori el gasto de la red de servicios que tendrá contratos en función de problemas y resultados, eliminando al máximo la facturación por eventos o procedimientos. La conciliación de cuentas se hará en tiempo real y tendrá el visto bueno del beneficiario del servicio con un plazo no mayor a 24 horas hábiles y su pago deberá hacerse en un plazo no mayor a 40 horas hábiles vía sistema bancario.

Art 63.  Las Secretarías de Salud Departamentales y Municipales tendrán funciones de conducción, garantía, regulación, gestión, fiscalización, monitoreo y evaluación de resultados en el sistema de aseguramiento de la salud y en la gestión territorial de los servicios de salud y de la salud pública. La Salud pública se considera indivisible e interdependiente para lo individual y colectivo y por lo tanto integra a través de la red de prestadores  de servicios de salud los recursos del aseguramiento y los propios de la salud pública para el cumplimiento de los resultados del PDSP 2012-2021. Podrá pactar otros recursos con otros sectores para políticas públicas que beneficien la construcción de entornos saludables y la reducción de riesgos en salud.  Las Secretarías deberán tener personal necesario y suficiente para sus funciones misionales.

Los contratos de salud pública deberán ser suscritos con instituciones calificadas, aprobadas, registradas y de experiencia certificada. Estos no podrán ser menores a periodos de 24 meses para garantizar la continuidad de acciones y el compromiso con resultados de salud pública.

Art 64. Las normas de habilitación de los servicios básicos de salud serán revisadas con urgencia para viabilizar un desarrollo armónico entre la oferta de este nivel con las especialidades y subespecialidades clínicas. Se fija como plazo máximo el 31 de diciembre de 2015 para el cambio de esta norma. En el proceso se debe involucrar las asociaciones de profesionales y egresados de salud, con ejercicio en el nivel básico de salud y los profesionales de salud pública, profesionales con especialización en salud familiar y/o comunitaria y una representación de especialistas seleccionados que garanticen que la mayoría de los procesos de atención ambulatoria se realicen siguiendo los principios y valores del modelo de atención integral en salud basado en la estrategia de atención primaria de la salud aprobada en la Ley 1438.

Art 65. Las redes integrales de servicios de salud a nivel municipal y con criterios de espacio-territorio podrán ser contratados para ofrecer los servicios básicos y contarán con equipos de salud de la familia diferenciados para zonas rurales, urbanos más vulnerables y urbanos, con modalidades diversas de ejercicio, que incluyen tele-salud, unidades móviles y otras formas innovadoras para garantizar el acceso a todos los ciudadanos y familias asignadas. Los recursos económicos de la UPC, de salud pública departamentales y municipales y otras fuentes, deberán unirse para garantizar la continuidad, integridad e integralidad de las acciones. Así, como la garantía de contratación del talento humano por periodos mínimos de 24 meses en seguimiento a los mandatos de trabajo digno establecidos en el orden legal vigente. Las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) deberán tener personería jurídica y serán sin animo de lucro, orientadas a las acciones de territorios definidos para concurrir en las acciones de salud pública y podrán recibir pacientes referidos por otras redes de menor capacidad resolutiva.

Art 66. Cada Departamento conformará un Consejo Territorial en Seguridad Social y Salud  siguiendo la estructura del Consejo Nacional aprobado en el decreto No 2478 de 2014 como un espacio de acuerdo y consenso de los procesos de formulación, implementación y evaluación de la política pública en salud, la aprobación y conformación de redes integradas de servicios de salud y la aprobación y evaluación de las entidades administradoras de los recursos del aseguramiento en salud, entre otras.

Art 67.  Cada Departamento tendrá un Observatorio Departamental de Salud interconectado y asesorado por el Instituto Nacional de Salud, por instituciones académicas y sociedades científicas del sector salud y con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Todas los actores del sistema deberán facilitar la información para los análisis de situación de salud, que incluyen la medición de los determinantes sociales. Estos observatorios harán seguimiento del proceso de aprobación e implementación del PDSP 2012-2021.  Será un ente que hará parte y participará del Consejo Territorial de la Seguridad Social y Salud.

Art 68.  Los entes de vigilancia, monitoreo y control en cada Departamento buscarán los mecanismos sin perder su independencia de coordinar acciones para potenciar sus capacidades y mejorar sus resultados para proteger el derecho fundamental a la salud y el uso ético, transparente y racional de los recursos del SGSSS. Al menos, deberán rendir un informe conjunto anual sobre las administradoras de recursos, las redes integradas de servicios de salud y los resultados del Plan Decenal de Salud Pública.  Coordinarán esfuerzos con la Superintendencia de Salud y otras de orden nacional.

Art 69.  Todas las universidades podrán crear consejos académicos del área de la salud con el fin único de estudiar los cambios y transformaciones requeridas para mejorar las capacidades de los profesionales de la salud en los pregrados para ser idóneos y atender con capacidad resolutiva los procesos clínicos y sociales en los niveles básicos de las redes de servicios de salud, a nivel ambulatorio y en casos de urgencias y emergencias. Se incentivará la formación y las prácticas comunitarias en forma interdisciplinaria basados en la estrategia de atención primaria de la salud vinculada a todos los sectores sociales y con acceso universal, en sus modalidades para las zonas rurales, urbana con sectores vulnerables y zonas urbanas, incluyendo estrategias diferenciadas por entornos y espacios de vida.

Art 70. El Ministerio de Salud y Protección Social junto con las Secretarías de Educación y de Salud en los Departamentos propiciará la aprobación de campos de formación y prácticas cercanos a los entornos y espacios de vida para los profesionales de pregrado principalmente, con el apoyo y participación de posgrados y doctorados para estimular la transformación del modelo de atención integral de salud. Las Universidades podrán hacer alianzas con las redes de servicios de salud para estimular el vinculo docencia-servicio, los procesos de investigación y extensión universitaria.

Agradezco a la Facultad Nacional de Salud Pública, al grupo de Atención Primaria de la Salud de la Universidad de Antioquia y la Mesa Antioquia por la transformación del sector salud, los espacios ofrecidos para dialogar, reflexionar y construir documentos como éste,  la Propuesta de Reforma Bicentenario al sector salud (2010) y participar en los Consensos de la Mesa Antioquia, el documento de Redes Integradas de Servicios de Salud (2012) y otros.

Anexos:

  1. Propuesta de Reforma a la salud Bicentenario  (2010)
  2. Consensos de la Mesa Antioquia ( 2013)


[1]  Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015

 

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3 Comments

  1. Gus Bergonzoli · 03/03/2015 Reply

    Perzado Eduardo:
    Excelente insumo para iniciar el debate; sin embargo, sigo pensando que todo lo que se esta legislando esta arropado por el falso paradigma de que tratar la enfermedad es conseguir salud.
    Fíjate que de los 15 primeros puntos, solo el VIII se refiere a los determinantes de la salud, es decir, al trabajo en el entorno donde están los factores que nos enferman, esto parece no haber sido tenido en cuenta para la formulación de las propuesta de cambio, es tan grande el peso especifico de la curación (por razones económicas) que lo demás queda subsumido.
    Mi comentario no significa que no debamos trabajar en lo que propones, al contrario, lo aplaudo y apoyo, y entiendo que la negociación, tan desigual en términos de poder político, obliga a pensar en un largo proceso de negociación estratégica, con metas intermedias, empezar por remediar las relacionadas con curación, me parece bien, siempre y cuando dentro del plan este la atención a la salud.

    • abelardo jimenez · 26/03/2015 Reply

      Es muy evidente en el caso colombiano en este siglo XXI que las leyes y reformas poco versan sobre los determinantes sociales, y apenas se asoman visos de integralidad, atención primaria y participación comunitaria, entre otros temas.
      Una real consideración de estos elementos pasa por considerar dos extremos: (i) la apatía, desconsideración e ignorancia doméstica de cómo abordar un asunto tan amplio y complejo como los determinantes; y/o (ii) la inconsecuencia de un enfoque que se esboza como estrategia política antes que como aspecto estratégico de cualquier reforma. Sería bueno en cualquiera de los dos casos, saber qué dice la evidencia sobre legislación a propósito de cómo reformar lo que es objeto de la complejidad y aquello que trastorna criterios burocráticos y de perpetuación del poder en un “sector” de actores “dominantes”.
      Mi inquietud con tanta reforma, es cómo integrar “las” recientes reformas previas que guardan criterios de ambiciosa aspiración, y que aún no se han reglamentado. Ahora sumamos una reforma que le da más complejidad a dicho panorama.
      Ojalá nos quepa una agenda académica y política desde las universidades menos “activas” como para lograr impulsar movimientos a favor de la realización del derecho a la salud. Sin una academia pensante y actuante será dificil proponer y actuar.

  2. Orlando Politano Garcés · 08/03/2015 Reply

    Coincido plenamente con los dos y -especialmente-, con el sentido expuesto por mi querido amigo Doctor Gustavo Bergonzoli. Se preguntaría cualquier “despistado”: ¿Cómo se pretende poner a “operar” la LEY ESTATUTARIA cuando, simultánemente no se dice Nada, NI SE PREVEE NADA, NI SE TIENE APROBADA LEY REGLAMENTARIA, NI EXISTE POLÍTICA DE ESTADO respecto del “Desmonte” del Sistema de Aseguramiento Financiero que actualmente soporta la operación del Sistema Nacional de Salud?… ¿A Quién(es) interesa – beneficia esta aparente contradicción?… ¿Quién(es) y qué han previsto al respecto?… ¿Qué sucedería en Colombia si la Financiación -finalmente, no se puede lograr o sus enemigos logran hacerla imposible?…

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